¡Con Hacienda hemos topado!
Existe un pavor generalizado a la hora de afrontar los procesos fiscales en este país. Al aumento de la regulación y complejidad de los sistemas fiscales se le une un incremento de la desconfianza motivada, generalmente por el desconocimiento de la regulación y de la previsible evolución fiscal, y el cambiante criterio aplicado por la administración. Palabras como incertidumbre e indefensión suelen salir a pasear en las conversaciones con los empresarios a la hora de afrontar, entre otros, los procesos de sucesión.
No obstante, ni el fraude ni el quedarse cruzado de manos y que sea lo que Dios quiera es una solución para nuestros clientes. Nuestra recomendación claramente es la optimización fiscal, como un buen ejercicio de praxis profesional y de buena gestión empresarial.
En el caso de éxito que nos ocupa, un importante grupo industrial de mecanización de piezas abordó el proceso de planificación de la sucesión empresarial y patrimonial considerando, entre otros, el análisis y optimización de los costes fiscales asociados. La situación que nos encontramos era la sobrevenida de un grupo empresarial familiar que en ningún momento había contemplado aspectos fiscales e incluso empresariales a la hora de organizarse, más allá de heredar progresivamente participaciones y patrimonio bajo el clásico criterio de “a partes iguales” y de poner su mejor empeño y esfuerzo en sacar un grupo industrial adelante. En consecuencia, muchos activos patrimoniales estaban coparticipados innecesariamente (lo que limita su gestión y toma de decisiones), la estructura societaria era inadecuada y ni siquiera correspondía a las necesidades empresariales para garantizar una adecuada toma de decisiones, y la siguiente generación de herederos arrastraba múltiples trasmisiones de segundo grado que encarecían notablemente el proceso.
Finalmente pudimos planificar y ejecutar dicha planificación, reorganizando los negocios, las actividades empresariales y patrimoniales y, conforme a la legislación fiscal vigente, poder acreditar, entre otros beneficios, una reducción en los costes fiscales asociados al proceso de sucesión del 70%.